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Seguros y arbitraje

Seguros paramétricos y arbitraje en el Perú: desafíos de la nueva regulación y solución de controversias

Fotografía de Luz Ariana Chiscul Correa

Luz Ariana Chiscul Correa

Estudiante de Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Practicante legal en Crecer Seguros y asistente de cátedra en Derecho Mercantil. Directora de la Comisión de Imagen Institucional del Instituto Iberoamericano de Derecho Civil y Arbitraje (IIDCA) y coordinadora académica del Taller de Derecho Empresarial y Financiero (TADEF).

En septiembre de 2026, se aprobó, mediante Resolución SBS N.° 02260-2026, el Reglamento de Seguros Paramétricos, que establece las condiciones para el diseño, la comercialización y el funcionamiento de este tipo de seguro. Su incorporación al mercado peruano abre una discusión que va más allá de sus aspectos técnicos: la resolución de las controversias que puedan surgir en torno a la activación de la cobertura y al pago de la suma asegurada.

A diferencia del seguro tradicional, cuya prestación suele depender de la verificación y cuantificación de las pérdidas cubiertas, el seguro paramétrico determina el pago a partir de un parámetro objetivo vinculado a un evento asegurado. Los artículos 2 y 3 del Reglamento señalan que la cobertura se activa cuando dicho parámetro alcanza o supera el umbral establecido en la póliza, sin que resulte necesario cuantificar directamente el daño sufrido. Pérez-Fructuoso (2024) explica que el desencadenante paramétrico constituye la medida objetiva que determina el pago, previamente acordado por las partes (p. 325).

Esta nueva estructura nos ofrece ciertas ventajas, como la rapidez en la determinación de la cobertura, la reducción de los costos asociados a la liquidación de siniestros y la posibilidad de cubrir pérdidas que no necesariamente se manifiestan en daños materiales. Sin embargo, también existe una limitación llamada riesgo de base, que es la diferencia entre las pérdidas realmente sufridas y el pago que corresponde según el parámetro establecido. Puede ocurrir un caso en el que el asegurado experimente pérdidas sin que se alcance el umbral previsto, o que se active el pago pese a que las pérdidas reales sean menores (Pérez-Fructuoso, 2024, p. 330). Por ello, la correlación entre el parámetro y el riesgo que se busca cubrir resulta importante.

Precisamente, el Reglamento exige que los parámetros sean medibles, fiables, transparentes, independientes y verificables, además de mantener una correlación significativa con el daño o las pérdidas que se busca cubrir. Asimismo, la póliza debe identificar la agencia proveedora de datos, el umbral de activación, la metodología de cálculo y el agente encargado de determinar el valor del parámetro y verificar su cumplimiento.

Estas exigencias son importantes porque permiten identificar los posibles escenarios de controversia. Por ejemplo, una disputa podría referirse a la fiabilidad de la fuente de datos, la aplicación de la metodología prevista en la póliza, la determinación del valor del parámetro o la verificación de que se alcanzó el umbral. También podría cuestionarse la correspondencia entre el cálculo realizado y la suma que debe pagar la aseguradora. Por tanto, aunque estos seguros buscan reducir la necesidad de discutir la cuantificación de las pérdidas, no eliminan la posibilidad de existencia de desacuerdos sobre la determinación de la cobertura y la correcta aplicación de las condiciones que activan la prestación.

Para estos efectos, el Reglamento incorpora disposiciones relevantes para estos problemas: el artículo 10, numeral 23, exige que la póliza incluya mecanismos de solución de controversias conforme a la Ley N.° 29946, Ley del Contrato de Seguro. Por su parte, el artículo 7.5 establece que el valor del parámetro determinado por el agente de cálculo, conforme a las condiciones de la póliza, es prueba suficiente para determinar la activación de la cobertura. Sin embargo, esta regla no vuelve el cálculo en una decisión inmune a cuestionamientos. El artículo 7.3 exige que las metodologías sean transparentes, reproducibles y susceptibles de revisión según lo acordado por las partes, mientras que el artículo 7.7 obliga a la empresa a proporcionar información sobre el valor determinado, la metodología aplicada y el resultado de la verificación del umbral. Además, la empresa mantiene responsabilidad directa frente al contratante, asegurado y beneficiario por las actividades del agente de cálculo.

Frente a estas posibles controversias, el arbitraje merece especial atención. Su aplicación en los contratos de seguro debe examinarse a partir de los límites establecidos en el artículo 40, literal c), de la Ley del Contrato de Seguro. Esta disposición declara nulas las cláusulas que prohíban o restrinjan el derecho del asegurado a acudir a la vía judicial; sin embargo, permite que las partes acuerden someter la controversia a arbitraje u otro mecanismo de solución una vez producido el siniestro. A su vez, el artículo 46 permite pactar el sometimiento de las controversias derivadas del contrato de seguro a la jurisdicción arbitral, siempre que se superen los límites económicos establecidos por la SBS y se respeten las normas de protección al consumidor cuando correspondan.

La exigencia de un acuerdo posterior al siniestro introduce un detalle a tomar en cuenta: no es suficiente incorporar una cláusula arbitral en la póliza para imponer anticipadamente este mecanismo al asegurado. La voluntad de someter la controversia a arbitraje debe manifestarse una vez ocurrido el siniestro, lo que permite que el asegurado conserve previamente su posibilidad de acudir a la vía judicial. El arbitraje no opera automáticamente ni constituye una condición obligatoria de todos los seguros paramétricos: es necesario un acuerdo entre las partes cuando ya se ha producido el evento asegurado.

En este punto, es relevante revisar la definición de siniestro contenida en el artículo 2, numeral 26, del Reglamento, que lo define como la ocurrencia del evento asegurado que se produce cuando el parámetro alcanza el nivel de umbral fijado en el contrato de seguro durante el periodo de cobertura del seguro, creando así una obligación de realizar el pago. Esta definición nos ayuda a identificar el momento a partir del cual podría celebrarse un acuerdo arbitral posterior. Sin embargo, también plantea una nueva cuestión: la ocurrencia del siniestro, la publicación de los datos, la determinación del valor por el agente de cálculo y el conocimiento de las partes sobre la activación de la cobertura pueden producirse en momentos distintos. Esta diferencia temporal puede incidir en la oportunidad en que las partes decidan someter su controversia a arbitraje.

La conveniencia de esta jurisdicción debe evaluarse considerando tanto sus ventajas como sus limitaciones. Por un lado, la especialización de los árbitros puede resultar particularmente útil para resolver controversias que requieran conocimientos sobre información meteorológica, modelos de cálculo, índices técnicos o metodologías de medición. Asimismo, la flexibilidad del procedimiento permite adecuar la actuación probatoria a las características de la controversia y recurrir a peritajes especializados. En esa línea, Magallanes, Salazar y Garro (2026) señalan que, en el Perú, el arbitraje conserva un papel complementario en la solución de controversias asegurativas de mayor complejidad técnica, jurídica o económica, debido a la especialización de los árbitros y a la flexibilidad del procedimiento (p. 32). Por su parte, Barroso de Mello (2006) destaca precisamente la importancia de considerar la especialidad del árbitro cuando la controversia involucra cuestiones técnicas (p. 39).

Sin embargo, estas ventajas no deben provocar que ignoremos sus limitaciones. Los costos del arbitraje pueden ser elevados en controversias de menor cuantía, y la necesidad de alcanzar un acuerdo después del siniestro puede dificultar su utilización cuando existe un desacuerdo entre la aseguradora y el asegurado. En los seguros contratados por entidades públicas o personas jurídicas en beneficio de una colectividad, será necesario examinar la posición de los asegurados y beneficiarios, así como la eventual aplicación de las normas de protección al consumidor. El artículo 8 del Reglamento identifica como contratantes a las entidades públicas y a las personas jurídicas u organizaciones privadas que cuenten con capacidad institucional para evaluar, contratar y gestionar estas coberturas, siempre que exista interés asegurable, lo que exige analizar quiénes intervienen en la contratación y quiénes son los titulares de los derechos derivados de la cobertura.

Es cierto que el arbitraje puede constituir un mecanismo conveniente para resolver controversias que involucren cuestiones técnicas sobre la determinación del parámetro, la fiabilidad de los datos o la aplicación de metodología de cálculo. Su especialización y flexibilidad pueden ofrecer una respuesta frente a disputas que requieran una valoración probatoria compleja. No obstante, su aplicación debe permanecer sujeta al consentimiento de las partes, a los límites económicos previstos en la ley y a las garantías de protección del asegurado. La nueva norma peruana ha establecido las condiciones de estos seguros y ha previsto mecanismos de solución de controversias, pero el reto será lograr que estos mecanismos permitan discutir la aplicación de la cobertura sin convertirse en obstáculos para el ejercicio de los derechos de quienes se encuentran protegidos por ella.

Referencias

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