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Arbitraje y contratación pública

Supervisión de centros de arbitraje: avances y limitaciones del proyecto

Fotografía de Jazmín Ramírez Amaringo

Jazmín Ramírez Amaringo

Abogada, candidata a maestra por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Miembro asociada del Instituto Iberoamericano de Derecho Civil y Arbitraje y de Mujeres Líderes en Construcción JPRD/DAB.

Supervisión de centros de arbitraje: avances y limitaciones del proyecto

El Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) recibe, hasta el 30 de octubre, comentarios sobre el proyecto de directiva que regula la supervisión de las instituciones arbitrales y de los centros que administran juntas de prevención y resolución de disputas en la contratación pública (Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000298-2026-OECE-PRE). La propuesta, prepublicada el 15 de octubre, es el tercer texto sobre la materia en 13 meses y busca reemplazar las dos versiones anteriores: la primera, aprobada en septiembre de 2025 (aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N.° D000054-2025-OECE-PRE), y la segunda, en julio de 2026 (aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N.° D000199-2026-OECE-PRE), que constituye la versión vigente.

El cambio era necesario y merece reconocimiento; no obstante, el proyecto corrige los excesos de julio sin tocar el problema de fondo que ya estaba en el texto de 2025: una supervisión con un alcance mayor que el que la ley concede y con garantías procesales que presentan limitaciones.

En cuanto a las correcciones, la directiva vigente convirtió el registro estatal de estas instituciones en un "sistema de control" con monitoreo continuo, les exigió colaborar "de manera irrestrictiva", habilitó la revisión tecnológica de sus plataformas y previó suspenderlas de inmediato si no entregaban información a tiempo. Tras las observaciones del Ministerio de Economía y Finanzas, de cámaras de comercio regionales, del Centro de Arbitraje y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica y del Colegio de Ingenieros, el OECE concluyó que esas reglas excedían su competencia y arriesgaban el derecho de defensa. Hace bien: el artículo 228-H del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General N° 27444 aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) solo permite medidas cautelares habilitadas por ley o decreto legislativo, y en tanto la directiva vigente señala que la suspensión se mantiene “hasta que se determine y aplique la sanción corresponde”, aquella medida funcionaba como una verdadera medida cautelar.

Ahora, lo que no se corrige. Aunque el proyecto se presenta como propuesta nueva, vuelve una cláusula discutible. La Ley 32069, en el literal l) del numeral 11.3 de su artículo 11, encarga al OECE supervisar "el cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento" para incluir o excluir a las instituciones del registro; sin embargo, el segundo párrafo del numeral 9.1 del proyecto va más allá: la inscripción "conlleva" supervisar todas las obligaciones, prohibiciones y limitaciones que les exijan las normas de contratación pública. Para sostenerlo invoca el artículo 228-A del TUO de la LPAG que define la fiscalización pero exige, precisamente, que esa potestad se atribuya por ley o decreto legislativo. La definición general a la que hace referencia el Reglamento de la Ley 32069 no sustituye la atribución expresa; esto podría representar una vulneración al principio de legalidad.

Segundo, el procedimiento. Los requerimientos de información pueden fijar plazos desde un día hábil, y para lo que pueda entregarse durante una visita se puede prescindir de todo plazo. El OECE puede ampliar el objeto de la supervisión sin que el texto le exija notificarlo ni otorgar un nuevo plazo. El informe final "no constituye acto impugnable", aunque fija plazos para implementar recomendaciones cuyo seguimiento incluye requerimientos que, si no se atienden, pueden configurar infracción. Además, la exposición de motivos se exime del análisis de impacto regulatorio alegando que no se crean cargas, cuando se obliga a los centros, si la diligencia es por videoconferencia, a contar con ambiente, equipos y banda ancha adecuados. Para un centro regional pequeño, eso no es neutro.

Tercero, la seguridad jurídica. La Primera Disposición Complementaria Transitoria aplica la nueva directiva a las supervisiones en trámite, lo que en principio favorece a los supervisados, pero omite hacer una precisión sobre lo actuado bajo la versión vigente; requerimientos, accesos tecnológicos o eventuales suspensiones dispuestos con reglas que el propio OECE hoy considera ilegales. Sin esa precisión, esas actuaciones podrían seguir sustentando procedimientos sancionadores.

Ahora, también llama la atención que la Ley 32069 no solo manda supervisar requisitos, sino también faculta al OECE a sancionar a estas instituciones, de acuerdo con el artículo 11.3, literal m), y tipifica infracciones que van más allá de los requisitos, como la del literal e) del numeral 94.2, que el Reglamento precisa como no pronunciarse oportunamente sobre las sanciones de los árbitros de sus nóminas. Sin supervisar esas conductas, la potestad sancionadora quedaría ciega. Ese argumento es válido, pero tiene un alcance limitado: justifica verificar las conductas tipificadas por la ley, no supervisar cualquier obligación prevista en la normativa de contratación pública.

En otras palabras, se advierten cambios positivos relacionados con la supervisión de los centros; sin embargo, conviene limitar la supervisión a los requisitos del Reglamento y a las conductas tipificadas en la Ley 32069, con remisión expresa. Asimismo, conviene establecer un plazo mínimo razonable para atender los requerimientos que no puedan cumplirse durante la visita y permitir prórrogas motivadas. Habría que exigir notificación y nuevo plazo cuando se amplíe el objeto, y permitir descargos antes de que el informe sustente un procedimiento sancionador.

El propósito del proyecto es claro: corregir los excesos identificados en la regulación vigente mediante los cambios propuestos. Sobre esa base, la versión final, sobre todo durante la fase de sometimiento a opinión pública, tiene la oportunidad de consolidar un marco de supervisión estable, respetuoso de los límites legales y de las garantías procedimentales que exige el arbitraje con el Estado.

Referencias

  • Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Áncash. (2026). Informe técnico especializado: análisis de impacto estructural, corporativo, técnico-económico y constitucional sobre la administración de arbitrajes y JPRD de las Cámaras de Comercio Regionales del Perú [Documento no publicado, anexo al Oficio N.° 706-2026-CCITA-P y remitido por la DGA mediante el Oficio N.° 0182-2026-EF/54.04]. Citado en Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (2026b, pp. 1-2).

  • Decreto Supremo N.° 001-2026-EF. (2026, 8 de enero). Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N.° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N.° 009-2025-EF. Diario Oficial El Peruano. https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/01/Decreto-Supremo-001-2026-EF-LPDerecho.pdf

  • Decreto Supremo N.° 006-2026-JUS. (2026, 30 de abril). Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Diario Oficial El Peruano. https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/04/DECRETO-SUPREMO-006-2026-JUS-LPDerecho.pdf

  • Dirección General de Abastecimiento. (2026a, 22 de julio). Oficio N.° 0076-2026-EF/54.02, que remite el Informe N.° 0148-2026-EF/54.02 con observaciones a la Directiva N.° 011-2025-OECE-CD, versión 2 [Documento no publicado]. Ministerio de Economía y Finanzas. Citado en Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (2026b, pp. 1-2).

  • Dirección General de Abastecimiento. (2026b, 31 de julio). Oficio N.° 0182-2026-EF/54.04, que remite el Oficio N.° 706-2026-CCITA-P de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Áncash y su informe técnico especializado [Documento no publicado]. Ministerio de Economía y Finanzas. Citado en Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (2026b, pp. 1-2).

  • Dirección General de Abastecimiento. (2026c, 3 de agosto). Oficios N.° 0184, 0185 y 0186-2026-EF/54.04, que remiten, respectivamente, las comunicaciones del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la carta conjunta de las Cámaras de Comercio Regionales del Perú y la carta del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú [Documentos no publicados]. Ministerio de Economía y Finanzas. Citado en Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (2026b, pp. 1-2).

  • Ley N.° 32069. (2024, 24 de junio). Ley General de Contrataciones Públicas. Diario Oficial El Peruano. https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2021_2026/ADLP/Texto_Consolidado/32069-TXM.pdf

  • Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes. (2025, 11 de septiembre). Resolución de Presidencia Ejecutiva N.° D000054-2025-OECE-PRE, que formaliza la aprobación de la Directiva N.° 011-2025-OECE-CD, Directiva de Supervisión de Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas. Diario Oficial El Peruano. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2436744-1

  • Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes. (2026a, 13 de agosto). Comunicado N.° 011-2026-OECE. https://www.gob.pe/institucion/oece/noticias/1430157-comunicado-n-011-2026-oece

  • Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes. (2026b, 15 de octubre). Exposición de motivos del proyecto de Directiva de Supervisión de Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas. https://www.gob.pe/institucion/oece/colecciones/62325-proyectos-normativos-prepublicados

  • Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes. (2026c, 15 de octubre). Proyecto de Directiva de Supervisión de Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas. https://www.gob.pe/institucion/oece/colecciones/62325-proyectos-normativos-prepublicados

  • Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes. (2026d, 18 de julio). Resolución de Presidencia Ejecutiva N.° D000199-2026-OECE-PRE, que formaliza la aprobación de la Directiva N.° 011-2025-OECE-CD, versión 2. Diario Oficial El Peruano. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2536331-1

  • Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes. (2026e, 15 de octubre). Resolución de Presidencia Ejecutiva N.° D000295-2026-OECE-PRE, que aprueba la publicación del proyecto de Directiva del Registro de Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas (REGAJU). Diario Oficial El Peruano. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2564737-1

  • Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes. (2026f, 15 de octubre). Resolución de Presidencia Ejecutiva N.° D000297-2026-OECE-PRE, que aprueba la publicación del proyecto de Lineamientos para la elaboración del Reglamento Interno a cargo de las Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas. Diario Oficial El Peruano. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2564749-1

  • Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes. (2026g, 15 de octubre). Resolución de Presidencia Ejecutiva N.° D000298-2026-OECE-PRE, que aprueba la publicación del proyecto de Directiva de Supervisión de Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas. Diario Oficial El Peruano. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2564753-1

  • Redacción Gestión. (2026, 16 de julio). Cámaras de Comercio del Perú piden suspender aprobación de nuevas directivas del OECE y abrir mesa de diálogo técnico. Gestión. https://gestion.pe/peru/camaras-de-comercio-del-peru-piden-suspender-aprobacion-de-nuevas-directivas-del-oece-y-abrir-mesa-de-dialogo-tecnico-noticia/

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