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Arbitraje y propiedad intelectual

Diseños de moda y arbitraje: conflictos sobre la explotación tras la terminación contractual

Fotografía de Tatiana María Aguila de la Puente

Tatiana María Aguila de la Puente

Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y titulada de la Segunda Especialidad en Derecho Procesal por la misma casa de estudios. Actualmente se desempeña como secretaria arbitral en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Cuenta con experiencia en la administración de procedimientos arbitrales, así como en el análisis jurídico y la investigación en temas vinculados al derecho.

1. Introducción

¿En qué medida puede el arbitraje resolver las controversias sobre la explotación económica de diseños de moda tras la terminación de un contrato que no regula expresamente esta cuestión, conforme al ordenamiento jurídico peruano?

En la actualidad, las grandes marcas de moda suelen contratar diseñadores para realizar colaboraciones específicas, que pueden limitarse a la creación de un determinado número de diseños para una colección. Sin embargo, estas relaciones contractuales pueden generar controversias incluso después de su finalización.

En este contexto, cabe preguntarse qué ocurre con los derechos sobre los diseños y su explotación económica una vez concluido el contrato. La marca puede haber producido y comercializado las prendas durante un periodo determinado, pero ¿qué sucede cuando termina ese periodo? ¿Puede el diseñador volver a utilizar libremente los diseños que creó? La respuesta dependerá, en primer lugar, de lo pactado por las partes y del régimen jurídico aplicable. No obstante, ¿qué ocurre cuando el contrato no regula expresamente los derechos de explotación? En ese supuesto, resulta necesario examinar tanto los criterios que ofrece el ordenamiento jurídico peruano para determinar el alcance de los derechos de cada parte como la posibilidad de someter a arbitraje las controversias que surjan al respecto.

2. Los derechos sobre las creaciones en la moda

Los derechos morales y patrimoniales se diferencian por la finalidad que cumplen: los primeros protegen el vínculo entre el autor y su creación, mientras que los segundos permiten controlar su explotación económica. Esta distinción se encuentra reconocida tanto en los artículos 11 y 13 de la Decisión 351 de la Comunidad Andina (1993) como en los artículos 18 y 30 del Decreto Legislativo Nº 822 (1996). En ese sentido, que una marca esté facultada para explotar económicamente un diseño creado por encargo no significa que adquiera la autoría de este. Por ello, distinguir ambas categorías resulta esencial para determinar qué derechos conserva el diseñador y cuáles puede ejercer la marca, incluso después de finalizado el contrato.

En la industria de la moda, es importante distinguir entre la protección que brinda el derecho de autor y la correspondiente a los diseños industriales, ya que cada régimen tiene un objeto diferente. El derecho de autor protege las obras originales, como los dibujos y las ilustraciones, sin exigir su registro para que estén protegidas (Decreto Legislativo Nº 822, 1996, arts. 3 y 5). Por su parte, la Decisión 486 de la Comunidad Andina (2000, arts. 113–115) contempla la protección de la apariencia particular de un producto mediante el registro de diseños industriales, siempre que se cumplan los requisitos legales, entre ellos la novedad. Así, una creación vinculada a una prenda puede involucrar ambos regímenes, dependiendo de sus características. Identificar cuál resulta aplicable es relevante para determinar qué derechos pueden corresponder al diseñador y cuáles puede ejercer la marca.

Distinguir entre ambos regímenes permite identificar las normas que deben aplicarse para determinar quién está facultado para explotar económicamente una creación de moda. Bardales señala que “el derecho de autor es independiente y compatible con el derecho de propiedad industrial” (2017, p. 33).

Cuando se trata de una obra protegida por derecho de autor y realizada por encargo, corresponde analizar el artículo 16 del Decreto Legislativo Nº 822 (1996), que establece las reglas sobre la titularidad de los derechos transferibles. En el caso de los diseños industriales, en cambio, debe considerarse el régimen previsto en la Decisión 486 de la Comunidad Andina (2000). Esta distinción resulta especialmente relevante cuando el contrato no precisa qué derechos conserva el diseñador y cuáles puede ejercer la marca una vez concluida la relación contractual.

3. El silencio contractual y el alcance de los derechos de explotación

3.1. La regla del artículo 16 del Decreto Legislativo N.º 822

Cuando un diseñador crea una obra por encargo, determinar quién puede explotarla económicamente requiere revisar, ante todo, qué acordaron las partes. El artículo 16 del Decreto Legislativo Nº 822 (1996) establece que la titularidad de los derechos transferibles depende de lo pactado en el contrato. Si no existe una estipulación expresa, se presume que los derechos patrimoniales se han cedido al comitente de manera no exclusiva y solo en la medida necesaria para sus actividades habituales en la época de creación.

Esta regla es relevante en la industria de la moda porque permite distinguir entre encargar un diseño y adquirir todos los derechos sobre él. Que una marca haya pagado por una creación no significa, por sí solo, que pueda utilizarla sin límites. Si el contrato no precisa qué usos están permitidos, será necesario determinar hasta dónde llegan los derechos que la ley presume cedidos.

3.2. Alcance de la cesión y efectos de la terminación contractual

El artículo 16 establece que, a falta de una estipulación contractual expresa, los derechos patrimoniales se presumen cedidos al comitente de forma no exclusiva y en la medida necesaria para sus actividades habituales en la época de creación (Decreto Legislativo Nº 822, 1996, art. 16). Por ello, el hecho de que una marca haya encargado y pagado por un diseño no significa que pueda explotarlo sin límites. Es necesario determinar qué usos comprende la cesión y cuáles podrían excederla.

Esta cuestión cobra especial importancia cuando termina el contrato y la marca desea seguir utilizando el diseño. Por ejemplo, no necesariamente plantea las mismas cuestiones la venta de prendas ya confeccionadas que la producción de nuevas unidades o la incorporación del diseño a una colección posterior. Para analizar estas situaciones, deben considerarse el contenido del contrato, la finalidad del encargo y las actividades habituales de la marca en la época de creación.

El artículo 16 no establece expresamente que la cesión presunta se extinga al terminar el contrato, pero tampoco resuelve de manera específica todos los supuestos de explotación posterior. Por tanto, la terminación contractual no permite concluir, por sí sola, que la marca pierde toda facultad de uso ni que puede continuar explotando el diseño sin restricciones. La cuestión consiste en determinar si el uso posterior se encuentra comprendido en los derechos cedidos, atendiendo a las circunstancias del caso.

3.3. La distinción entre derecho de autor y diseños industriales

Antes de aplicar esta regla, es necesario identificar qué tipo de protección corresponde a la creación. El artículo 16 del Decreto Legislativo Nº 822 se refiere a obras protegidas por derecho de autor y no debe trasladarse automáticamente al régimen de los diseños industriales, regulado por la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Esta última define el diseño industrial a partir de la apariencia particular de un producto y regula el derecho a su registro y su transferencia (Comunidad Andina, 2000, arts. 113-114).

En la moda, una misma creación puede plantear cuestiones relacionadas con más de un régimen de protección. Por eso, identificar si la controversia involucra derechos de autor, derechos sobre un diseño industrial o ambos es un paso previo para determinar qué derechos pudieron transferirse y cuáles son los límites de su explotación.

4. La arbitrabilidad de las controversias sobre diseños de moda

4.1. Libre disposición y artículo 2.1 del Decreto Legislativo Nº 1071

El artículo 2.1 del Decreto Legislativo N.º 1071 establece que pueden someterse a arbitraje las controversias sobre materias de libre disposición conforme a derecho, así como aquellas que la ley o los tratados internacionales autoricen expresamente. Este criterio permite determinar qué conflictos pueden resolver las partes mediante arbitraje, aunque su aplicación exige examinar la naturaleza de la controversia y los límites establecidos por el ordenamiento jurídico.

Sobre este último aspecto, el Centro de Arbitraje Latinoamericano señala que: “Existen materias que, por su vinculación con el interés público, la moral, el orden público o la estructura básica del Estado, están excluidas de la justicia arbitral. A esta exclusión se le denomina inarbitrabilidad y constituye un límite necesario para mantener la coherencia del sistema jurídico” (Centro de Arbitraje Latinoamericano, 2025, sección “Límites a la arbitrabilidad”).

En las controversias relacionadas con diseños de moda, esta distinción obliga a examinar qué se discute concretamente. No es lo mismo resolver una diferencia contractual entre un diseñador y una marca que determinar los efectos de una decisión administrativa sobre un registro de propiedad industrial. Por ello, el hecho de que una disputa involucre derechos de propiedad intelectual no basta, por sí solo, para concluir que es arbitrable o que está excluida del arbitraje.

4.2. Controversias contractuales que podría resolver un tribunal arbitral

Cuando la controversia entre un diseñador y una marca se origina en el alcance de los derechos cedidos, el arbitraje puede ofrecer una vía para resolver las diferencias contractuales, siempre que la materia sea arbitrable y exista un convenio arbitral aplicable. Entre las cuestiones que podrían someterse al tribunal se encuentran la interpretación de una cesión o licencia, la determinación de los usos autorizados y las consecuencias de un eventual incumplimiento.

Por ejemplo, si una marca continúa produciendo prendas con un diseño encargado después de terminar el contrato y el diseñador cuestiona esa explotación, el tribunal podría examinar las cláusulas contractuales y, cuando corresponda, aplicar el artículo 16 del Decreto Legislativo Nº 822 para determinar el alcance de los derechos cedidos. Si concluye que se han incumplido las obligaciones contractuales, también podría resolver las consecuencias comprendidas en las pretensiones sometidas a su decisión y dentro de su competencia.

Así, el arbitraje puede contribuir a resolver la incertidumbre que surge cuando las partes no han previsto expresamente qué ocurrirá con el diseño al finalizar su relación. Sin embargo, su intervención no depende únicamente de que exista un desacuerdo económico: requiere que la controversia pueda someterse legalmente a arbitraje y que se encuentre comprendida en el convenio arbitral.

4.3. Límites de la competencia arbitral frente a la propiedad industrial

La intervención de un tribunal arbitral debe distinguirse de las competencias que el ordenamiento jurídico atribuye a las autoridades administrativas en materia de propiedad industrial. La Decisión 486 de la Comunidad Andina regula el registro de los diseños industriales y los derechos derivados de su protección. Por ello, no debe asumirse que un tribunal arbitral puede sustituir a la autoridad competente para conceder, cancelar o declarar la nulidad de un registro con los efectos que corresponden al régimen administrativo.

Esta limitación no significa que cualquier controversia contractual vinculada con un diseño industrial esté excluida del arbitraje. Por ejemplo, las partes podrían discrepar sobre el alcance de una licencia o sobre el cumplimiento de las obligaciones asumidas para explotar un diseño registrado. En estos casos, es necesario distinguir la controversia contractual de una pretensión dirigida a obtener una decisión reservada a la autoridad administrativa.

En consecuencia, para delimitar la competencia arbitral no basta con identificar que el conflicto involucra propiedad intelectual. También debe examinarse qué decisión se solicita, qué efectos produciría y si puede adoptarse válidamente mediante arbitraje. Esta distinción permite reconocer el alcance de la vía arbitral sin atribuirle facultades que el ordenamiento jurídico reserva a otras autoridades.

5. Conclusiones

La explotación de diseños de moda tras la terminación de un contrato plantea interrogantes que no siempre encuentran una respuesta expresa en lo acordado por las partes. En estos casos, el artículo 16 del Decreto Legislativo Nº 822 permite determinar el alcance de los derechos patrimoniales cedidos cuando no existe una estipulación expresa, sin que ello implique una autorización ilimitada para explotar la creación.

Asimismo, distinguir entre el derecho de autor y los diseños industriales resulta esencial para identificar los derechos involucrados y las reglas aplicables. A partir de ello, el arbitraje puede ofrecer una vía para resolver controversias contractuales sobre cesiones, licencias y usos autorizados, siempre que la materia sea arbitrable y esté comprendida en el convenio arbitral, respetando las competencias de las autoridades administrativas.

En definitiva, precisar contractualmente la duración, el alcance y las condiciones de explotación de los diseños puede prevenir conflictos. Cuando estos surjan, identificar los derechos en discusión permitirá determinar si el arbitraje constituye una vía adecuada para resolverlos.

Bibliografía

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