← Volver al blog

Arbitraje de inversiones

Arbitraje de inversiones entre Estados y sin indemnización: el cambio de paradigma del Acuerdo Brasil-Panamá

Fotografía de Álvaro Luis López Acosta

Álvaro Luis López Acosta

Asociado del equipo de Litigios y Arbitraje de Galindo, Arias & López (Panamá), donde concentra su práctica en arbitraje comercial nacional e internacional y litigio civil. Inició su carrera en el Ministerio Público. Graduado con honores de la Universidad de Panamá, es LL.M. por Cornell Law School y magíster en Derecho Procesal por la Universidad Interamericana de Panamá, y cuenta con una certificación en Arbitraje Comercial y de Inversiones de la Università degli Studi Roma Tre. Es miembro del Colegio Nacional de Abogados, Young ICCA y Young ITA, y autor de publicaciones jurídicas.

El arbitraje inversionista-Estado atraviesa una crisis de legitimidad y los países en desarrollo, los más demandados, buscan alternativas. El Acuerdo firmado por Brasil y Panamá el 28 de enero de 2026, aún pendiente de entrar en vigor, propone una de las más audaces: un arbitraje entre Estados en el que el tribunal declara la violación, pero no concede indemnización.

Este artículo analiza ese modelo, sus remedios y su convivencia con los tratados de inversión de Panamá, y sostiene que su eficacia dependerá de lo que los Estados hagan con el laudo.

Una respuesta a las críticas al arbitraje de inversiones

El arbitraje inversionista-Estado es hoy uno de los mecanismos más cuestionados. Al cierre de 2025 se conocían 1.463 arbitrajes de inversionistas contra Estados basados en tratados (UNCTAD, 2026), y los países en desarrollo han sido los demandados en cerca del 62 % de los casos (UNCTAD, 2024). Entre las críticas, se encuentran aquellas que resaltan las condenas cuantiosas y los tribunales arbitrales percibidos como más sensibles al inversionista que al interés público (Vieira Martins, 2017), las cuales han provocado una revisión global del sistema (Ray y Duggal, 2020).

En Panamá, dichas críticas han encontrado cierto soporte. Según informes del Ministerio de Economía y Finanzas, hasta agosto de 2026, Panamá enfrenta nueve arbitrajes activos y cuatro suspendidos, con reclamaciones que suman unos 33,000 millones de dólares, cifra casi equivalente al Presupuesto General del Estado (Panamá América, 2026; La Voz Noticias, 2026).

En el caso de Brasil, es conocido que nunca puso en vigor los tratados bilaterales de inversión (TBI) que firmó en los años noventa y, desde 2015, promueve los Acuerdos de Cooperación y Facilitación de Inversiones (ACFI), que constituyen un modelo propio y que sustituyen el arbitraje inversionista-Estado por la prevención de controversias y, en última instancia, por el arbitraje entre Estados (Brauch, 2020). Esta situación, aunada a las cuantiosas sumas de las demandas que enfrenta Panamá, genera el contexto perfecto para que ambos países promuevan una alternativa para la solución de las controversias en materia de inversiones.

El Acuerdo con Panamá (el “ACFI Brasil-Panamá”) aún no está en vigor, pues ello ocurrirá 90 días después de que ambos Estados notifiquen la conclusión de sus trámites internos (ACFI Brasil-Panamá, 2026, art. 33.4). Sin embargo, cuando esté en vigor, tendrá el potencial de alterar la relación entre Estados e inversionistas tal como la conocemos, al menos para las inversiones cubiertas, porque el inversionista dejará de ser parte del proceso y la indemnización dejará de ser un remedio.

Las particularidades del ACFI Brasil-Panamá

El ACFI Brasil-Panamá sigue la tendencia brasileña de los demás acuerdos de cooperación firmados por Brasil con otros países, pero contiene un mecanismo de solución de controversias sin parangón, especialmente en la región latinoamericana. El primer ACFI, suscrito con Mozambique en 2015, apenas mencionaba la posibilidad de un arbitraje entre Estados. Los acuerdos posteriores incorporaron reglas de procedimiento y permitieron que los Estados pidieran al tribunal fijar una compensación. El tratado entre Brasil e India del año 2020 fue el primero en prohibir la concesión de compensaciones (Brauch, 2020; Ray y Duggal, 2020).

El artículo 30 del ACFI Brasil-Panamá va más lejos y desarrolla aspectos esenciales para un procedimiento de arbitraje como la constitución de un tribunal ad hoc de tres árbitros, la administración por la Corte Permanente de Arbitraje, la aplicación supletoria del Reglamento de la CNUDMI, la sujeción de los árbitros al Código de Conducta de la CNUDMI de 2023, plazos para la emisión del laudo y la prescripción de cinco años. Además, bajo el ACFI Brasil-Panamá el arbitraje solo procede una vez agotada una etapa de prevención ante los Puntos Focales u Ombudspersons y el Comité Conjunto, en la que el inversionista no es parte, pero puede ser oído (arts. 23, 24 y 29).

Asimismo, se desarrollan reglas de transparencia, como por ejemplo que los escritos, las transcripciones, las órdenes y el laudo deben ponerse a disposición del público (Anexo II, arts. 2 a 6).

Un laudo que declara, pero no indemniza

El artículo 30.6 dispone que “[e]l propósito de un arbitraje sobre la aplicación de este Acuerdo es declarar si una medida adoptada por una Parte viola sus disposiciones. Para mayor certeza, el Tribunal Arbitral no concederá indemnización” (ACFI Brasil-Panamá, 2026). Hasta donde hemos podido verificar, solo el tratado Brasil-India contiene una prohibición equivalente (art. 19.2). Este último está en vigor desde el 21 de diciembre de 2025 (Decreto n.º 12.666, 2025; UNCTAD, s.f.-b).

Esta regla es similar al sistema de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC), donde se determina si una medida es compatible con los acuerdos y se recomienda hacer los ajustes correspondientes, sin ofrecer compensaciones inmediatamente. Sin embargo, en el modelo de la OMC, si la medida no se retira en un plazo prudencial, el Estado vencido debe negociar una compensación y, en su defecto, el reclamante puede ser autorizado a suspender concesiones bajo supervisión institucional (Zimmermann, 2012). El ACFI Brasil-Panamá no contiene un mecanismo subsidiario en caso de incumplimiento de la decisión del tribunal.

¿Y los demás remedios?

El derecho internacional reconoce tres formas de reparar un hecho ilícito, que son la restitución (restablecer la situación anterior), la indemnización (pagar el daño) y la satisfacción (reconocer la violación) (CDI, 2001, arts. 34 a 37). El artículo 30.6 del ACFI Brasil-Panamá prohíbe la indemnización y no hace mención alguna a las otras dos formas de reparación. ¿Podría entonces el tribunal ordenar la restitución, por ejemplo, la reinstauración de una concesión?

El texto no ofrece una respuesta categórica. No obstante, es posible concluir que sí, ya que el propio acuerdo distingue entre “restitución, indemnización u otra forma de compensación” (art. 8) y solo veda la indemnización. Sin embargo, el mismo artículo 30.6 limita el propósito del arbitraje a “declarar” si la medida viola el acuerdo, y ninguna otra disposición faculta al tribunal para expedir órdenes contra algún Estado. Por ende, también se puede arribar a la conclusión de que el tribunal tampoco puede ordenar la restitución como remedio.

El único remedio evidente es la declaración, que el derecho internacional considera una forma de satisfacción. En ese sentido, el ACFI Brasil-Panamá dispone que la decisión es “definitiva y vinculante” y debe cumplirse “sin demora” (art. 30.15), lo que supone poner fin a la medida declarada ilícita (CDI, 2001, art. 30) y podría ser equivalente a una restitución. Pero el cumplimiento depende de la voluntad del Estado, no de que el tribunal lo someta a una orden, mucho menos de que ejecute dicha orden contra el Estado.

El problema de los laudos declarativos

Los laudos que declaran una violación, pero no ofrecen indemnización no son desconocidos en el arbitraje inversionista-Estado (Schreuer, 2004), y su historia no es alentadora. En Biwater Gauff c. Tanzania, el tribunal declaró que Tanzania había violado el TBI con el Reino Unido, pero negó toda indemnización por falta de nexo causal con el daño (Biwater Gauff c. Tanzania, 2008). La empresa celebró la declaración como una reivindicación y lamentó la falta de reparación (Biwater, 2008).

En Infinito Gold c. Costa Rica, el tribunal declaró la violación del trato justo y equitativo, pero determinó que no podía conceder compensación por daños (Infinito Gold c. Costa Rica, 2021). En ambos casos el inversionista obtuvo una victoria moral, pero ninguna reparación material. La diferencia es que en esos casos la ausencia de indemnización fue consecuencia de un déficit en el caso del demandante; en el ACFI Brasil-Panamá es la regla.

Los efectos de un laudo únicamente declarativo son limitados por tres razones. Una declaración, a diferencia de una condena, no ofrece nada que ejecutar contra el Estado. El ACFI Brasil-Panamá, a diferencia de la OMC, no prevé consecuencia alguna ante el incumplimiento. Y el daño lo sufre un particular que no es parte del proceso y que depende de que su Estado decida litigar por él (Ranjan, 2020). La utilidad del laudo dependerá de lo que el Estado anfitrión haga después, ya sea revocar la medida, negociar o, sencillamente, no hacer nada.

La puerta lateral de los TBI de Panamá

A pesar de la prohibición de compensación, el ACFI Brasil-Panamá no es excluyente en lo que respecta a otros remedios. El artículo 3.3 dispone que “no limitará los derechos y beneficios de los que goza un inversionista de una Parte en virtud de la legislación nacional o internacional en el territorio de la otra Parte”. El acuerdo no contiene cláusula de elección de vía (fork in the road) ni exige renunciar a otros foros.

Esto es relevante porque Panamá mantiene vigentes TBI tradicionales con cláusulas de arbitraje inversionista-Estado, que pueden derivar en arbitrajes ante el CIADI. Por ejemplo, un grupo brasileño que invierta en Panamá mediante una sociedad constituida en uno de esos Estados podría, si satisface la definición de inversionista del tratado respectivo, demandar directamente a Panamá y reclamar daños. Esta hipótesis no sería una novedad, ya que Odebrecht demandó al Perú a través de su filial luxemburguesa, bajo el TBI entre el Perú y la Unión Económica Belgo-Luxemburguesa (Odebrecht Latinvest c. Perú, 2020). En cualquier caso, la situación sería asimétrica por cuanto Brasil no tiene en vigor tratados con arbitraje inversionista-Estado (UNCTAD, s.f.-a), de modo que el inversionista panameño en Brasil no podría activar, directamente, un arbitraje de inversiones contra Brasil, mucho menos someterlo al CIADI.

Igualmente, esta situación podría generar procesos paralelos. Nada impediría que un inversionista demande a Panamá bajo un TBI mientras Brasil activa los artículos 29 y 30 del ACFI Brasil-Panamá por la misma medida. No habría litispendencia en sentido estricto, pues las partes, el tratado y las pretensiones son distintos. Tampoco operaría el artículo 27 del Convenio CIADI, que veda la protección diplomática al Estado del nacional demandante, ya que Brasil no es parte del Convenio ni sería el Estado de nacionalidad de la sociedad (CIADI, 1965).

Los procesos simultáneos podrían producir un laudo CIADI que condene a indemnizar por violación del trato justo y equitativo o por expropiación indirecta, y un laudo Estado-Estado que, bajo un ACFI Brasil-Panamá que excluye ambos estándares (arts. 5.3 y 7.6), declare que no hubo violación o que la hubo sin consecuencia pecuniaria. La relación entre el arbitraje interestatal y las reclamaciones de los inversionistas sigue siendo un terreno poco explorado (Roberts, 2014).

Reflexión final

El ACFI Brasil-Panamá es, junto con el tratado Brasil-India, el ensayo más radical de un arbitraje de inversiones sin inversionista y sin indemnización. Nace de una crítica al arbitraje de los TBI tradicionales y responde con reglas más completas y transparentes que las de los primeros ACFI. Sin embargo, la viabilidad de este modelo como nueva tendencia no dependerá de la integridad y transparencia del procedimiento, sino de la efectividad del laudo y su cumplimiento.

Es bien conocido que un derecho sin remedio vale poco. Si el Estado vencido puede ignorar una declaración sin consecuencia alguna, el inversionista prudente no confiará en ella y buscará la protección de un TBI a través de un tercer Estado, con lo cual el modelo terminaría aplicándose solo a quienes no pueden evitarlo. ¿Asumirán los Estados el costo de litigar por un inversionista sin la expectativa de una reparación? ¿Cumplirá “sin demora” el Estado vencido sin un mecanismo que lo obligue? ¿Constituirán las acciones del Estado vencido un remedio satisfactorio para el inversionista perjudicado y fortalecerán la confianza de futuros inversionistas en el nuevo modelo?

Finalmente, más allá de la eficacia del arbitraje, el valor del nuevo modelo también reside en la apuesta de los Estados por resolver las controversias mediante el Comité Conjunto, antes de llegar a esa instancia. Para que el cambio de paradigma sea real, Brasil y Panamá deberán demostrar que la prevención funciona y que una declaración de incumplimiento se cumple. De lo contrario, el inversionista brasileño en Panamá, y con mayor razón el panameño en Brasil, podría descubrir que tener la razón y ser reparado son cosas distintas.

Referencias

← Más artículos