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Opinión jurídica

Directiva del REGAJU: opinión jurídica del Instituto Iberoamericano de Derecho Civil y Arbitraje

Fotografía de Instituto Iberoamericano de Derecho Civil y Arbitraje

Instituto Iberoamericano de Derecho Civil y Arbitraje

Artículo jurídico elaborado por Alejandra Castillo, Henry Jiménez, Kiara Valdivia, Jazmín Ramírez, Andrea Cencia, Karla Trinidad, Stephany De Velasco, Elizabeth Delgado, Rommel Rivera, Maydy Bazan y Erik Jiménez, en representación del Instituto Iberoamericano de Derecho Civil y Arbitraje (IIDCA), orientado al análisis y estudio de temas relevantes del ámbito legal, contribuyendo a la investigación, el desarrollo académico y la difusión del conocimiento jurídico.

Directiva del REGAJU: opinión jurídica del Instituto Iberoamericano de Derecho Civil y Arbitraje

Registro de Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas

Lima, 30 de octubre de 2026. Opinión dirigida a la Presidenta Ejecutiva del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), Karla Mónica Gaviño Masías.

Introducción

Objeto y enfoque de la opinión del Instituto Iberoamericano de Derecho Civil y Arbitraje

El arbitraje y las Juntas de Prevención y Resolución de Disputas son mecanismos para la solución de diferencias reconocidos por el ordenamiento jurídico que parten del acuerdo de voluntades o de una disposición legal; esta concepción primaria se ha venido nutriendo y reforzando con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema.

Siendo esto así, el alcance de esta opinión se realiza a través de un análisis jurídico y regulatorio del proyecto de directiva del Registro de Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas (REGAJU) y de supervisión, considerando que el mismo debe mantener armonía con el marco normativo vigente, y sobre todo respetar los límites a la potestad reguladora del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (en adelante OECE).

En ese sentido, esta opinión desarrollada por el grupo de trabajo conformado por estudiantes, bachilleres y abogados, todos miembros asociados del Instituto Iberoamericano de Derecho Civil y Arbitraje, examina la razonabilidad y proporcionalidad de los requisitos de acceso y permanencia en el registro, la acreditación y el cómputo de la experiencia institucional, las exigencias de infraestructura y atención al usuario, la transparencia en la determinación de los gastos administrativos, la delimitación de funciones institucionales, la funcionalidad de las herramientas informáticas y la aplicación temporal de las disposiciones propuestas.

1. Panorama actual

Los centros de arbitraje y el papel del REGAJU

Como es sabido, la proliferación de centros de arbitraje “poco serios”, aunado a las malas prácticas y actos de corrupción advertidos en el ámbito del arbitraje en contratación pública ha afectado, con el tiempo, la confianza en el sistema arbitral. Por ello, desde 2017 el arbitraje institucional pasó a ser la regla en los contratos donde participa el Estado; sin embargo, no se implementó el sistema de acreditación de instituciones arbitrales previsto en la Ley N.º 30225, vigente desde 2016.

Para el 2020, se crearía el Registro Nacional de Árbitros y de Centros de Arbitraje (RENACE), de carácter declarativo, que se encargó de la recopilación de la información proporcionada por los propios árbitros y centros, sin que ello sustituya la necesaria acreditación de las instituciones arbitrales (Velásquez, 2025, pp. 6-7); seguidamente, en 2025, a propósito de la entrada en vigencia de la Ley N° 32069, aparecería el Registro de Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas (en adelante REGAJU) cuya finalidad es verificar y habilitar a las instituciones arbitrales y, a los centros de administración de JPRD que pueden intervenir en controversias de contratación pública (Benavides Pontex, 2026).

En esa línea, el reglamento recogería la problemática expuesta en su exposición de motivos, en tanto una muestra de 30 instituciones arbitrales revisadas por el OECE en 2024 mostró que seis no tenían código de ética, veintiuna no tenían calculadora de gastos, veintisiete no informaban cuántos procesos administraban y tres no publicaban su nómina de árbitros; en lo judicial, salas comerciales de la Corte Superior de Justicia de Lima han anulado laudos por competencia indebidamente asumida por la institución, o por defectos en la conformación del tribunal (Velásquez De La Cruz, 2025).

Frente a esta situación, el REGAJU persigue tres objetivos concretos. El primero es garantizar estándares mínimos de idoneidad institucional, como sede física, órganos definidos, reglas éticas y experiencia acreditada, antes de que una institución pueda administrar controversias en las que está comprometido el patrimonio público; el segundo es asegurar la transparencia y la trazabilidad de la información, que constituyen los pilares de esta nueva etapa, tales como tablas de gastos públicas, nóminas conocidas, decisiones visibles y expedientes con fechas ciertas; y el tercero es dotar de seguridad jurídica y predictibilidad a las partes, especialmente a las entidades contratantes, que deben elegir una institución inscrita y con la categoría adecuada desde la estrategia de contratación (Benavides Pontex, 2026).

En virtud de lo expuesto, si bien la finalidad del registro resulta legítima y responde a un problema real, su eficacia sólo se garantizará cuando la finalidad produzca un verdadero efecto, sin que ello implique el restarle autonomía o restringir el acceso al mismo, o que solo unos pocos puedan brindar el servicio. Velásquez (2025) advierte que los requisitos del art. 318 son esencialmente documentales y que un registro de verificación documental no equivale a una acreditación con visitas de campo y supervisión permanente, por lo que existe el riesgo de que ingresen instituciones que cumplan los requisitos en el papel, pero no en la práctica.

2. Criterios jurídicos y regulatorios

Es menester precisar que la intervención del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes del Perú (en adelante OECE), en una institución arbitral o centro de administración de Junta de Prevención y Resolución de Disputas, según la Ley N° 32069, únicamente es posible cuando la institución se encuentre inscrita y habilitada para administrar arbitrajes o JPRD en materia de contratación pública.

Teniendo esto claro, en cuanto a la jerarquía normativa y los límites de la potestad reguladora del OECE las interrogantes pertinentes serían: ¿Existe una jerarquía de normas por los cuales se rige o se regula el OECE para el desenvolvimiento de sus funciones? ¿Hasta dónde llegan las facultades del OECE sobre los Centros de Arbitraje Institucional? A fin de poder responder estas cuestiones se procederá a explicar los siguientes aspectos:

2.1. Marco de la jerarquía normativa

La potestad reglamentaria del OECE está supeditada a la jerarquía normativa que articula nuestro sistema jurídico, tal como disponen los siguientes preceptos:

  1. Constitución Política del Perú: artículo 51 que dispone que la “Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado”.
  2. Ley General de Contrataciones Públicas N°32069: Faculta al OECE para administrar el REGAJU, gestionar y aprobar las directivas, lineamientos, instrumentos de gestión, y/o cualquier normativa para el desarrollo y complemento de la ley y su reglamento.
  3. Directivas emitidas por el OECE: Son las directivas y lineamientos de alcance general en materia de Contratación Pública que permiten precisar, regular y complementar los procedimientos vinculados a la contratación pública reguladas en la ley y su reglamento. Una de las directivas aprobadas que se encuentra relacionada a la supervisión de Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de Junta de Prevención y Resolución de Disputas es la Directiva N° 011– 2025–OECE–CD, que tiene por finalidad la supervisión del cumplimiento normativo, prevención y gestión de riesgos, así como de tutela de bienes jurídicos.
  4. Decreto Legislativo N.°1071: Este regula la función arbitral cuando se trata de arbitrajes internacionales, nacionales, comerciales, y de contrataciones públicas. No recae sobre la función administrativa de las instituciones arbitrales.

2.2. Los límites de la potestad reguladora del OECE

Los límites del OECE frente a las Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de JPRD se estructuran a través de dos dimensiones fundamentales: a) la función institucional y b) la función arbitral.

La función institucional (logística y organizativa). Respecto de la función institucional (logística y organizativa), esta comprende: (i) administrar el Registro de Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas - REGAJU (artículo 11, literal k de la Ley N° 32069); (ii) aprobar el Código de Ética para Arbitraje en Contrataciones Públicas (artículo 11.3, literal n); (iv) supervisar (de oficio, de manera selectiva, aleatoria o a pedido de parte) el cumplimiento de los requisitos para mantenerse dentro de dicho registro (artículo 11, literal l); (v) regular los estándares mínimos de infraestructura, transparencia, idoneidad de sus nóminas y control de conflictos de interés para que puedan inscribirse en el REGAJU; y (vi) registrar, supervisar y sancionar a las instituciones arbitrales y centros de administración de juntas de prevención y resolución de disputas que resuelven controversias en materia de contrataciones públicas.

La función arbitral (jurisdiccional y resolutiva). El arbitraje al ser una jurisdicción independiente, el OECE carece de potestad sobre el criterio resolutivo, la independencia o la competencia del tribunal arbitral una vez instalado, esto es, que la evaluación del fondo de las controversias y la determinación de la propia competencia (Kompetenz-Kompetenz) recae exclusivamente en el árbitro y no en el organismo supervisor.

Por tanto, el OECE tiene límites en sus facultades en las siguientes áreas:

  1. Injerencia en la decisión o criterio de los árbitros (laudos y decisiones): El OECE no tiene facultades jurisdiccionales sobre los árbitros ni puede revisar, modificar, anular o corregir el contenido de un laudo arbitral, una decisión procesal o un laudo interpretativo emitido por un tribunal o árbitro único. La revisión de un laudo recae exclusivamente en el Poder Judicial a través del recurso de anulación de laudo.
  2. Intromisión en la dirección del proceso arbitral en trámite: El OECE no puede ordenar a un tribunal arbitral cómo debe conducir un caso específico, qué pruebas admitir o cómo interpretar las cláusulas de un contrato del Estado.
  3. Control de legalidad de los árbitros (en su labor resolutiva): Si bien el OECE sanciona a los centros de arbitraje por fallas administrativas, organizativas o de cumplimiento de requisitos de sus registros, no sanciona directamente el criterio jurídico con el que se lauda.

Seguidamente, la Constitución Política del Perú (artículo 139) al regular los principios de la administración de justicia, reconoce al arbitraje como jurisdicción para administrar y resolver controversias, por lo cual, el arbitraje no constituye únicamente un mecanismo alternativo de solución de controversias, sino una auténtica manifestación de la función jurisdiccional reconocida constitucionalmente.

En virtud de ello, al tratarse de una función especializada y exclusiva del árbitro, el ámbito de actuación del OECE encuentra un límite infranqueable en las decisiones jurisdiccionales adoptadas dentro del proceso arbitral; en consecuencia, la función del OECE se circunscribe a orientar, supervisar y habilitar a los centros de arbitraje institucional para que estos cumplan con los estándares y requisitos previstos por la ley, mas no a influir o intervenir en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que corresponde exclusivamente a los árbitros en la conducción y resolución de las controversias sometidas a su conocimiento.

2.3. La predictibilidad a través de reglas e instituciones conocidas

Autores como Guzmán-Barrón & Zúñiga (2015), abordan de manera central la importancia de la predictibilidad y la seguridad jurídica en la contratación pública de los Centros de Arbitraje, contrastando los modelos de administración de controversias. Los citados autores refieren que el arbitraje institucional ofrece reglas procedimentales conocidas de antemano, dado que cada centro cuenta con su propio reglamento aprobado previamente al inicio del proceso. Esto contrasta con el arbitraje ad hoc, donde las reglas se fijan por las partes y de no arribar a un acuerdo, finalmente son determinados discrecionalmente por los propios árbitros en el Acta de Instalación.

A su vez, los centros cuentan con un tarifario oficial de honorarios y gastos, lo que permite a las partes realizar un análisis económico previo; además, cualquier reordenamiento o reliquidación de costos es evaluado por cortes u órganos colegiados neutrales dentro de la institución, evitando que el tribunal actúe como «juez y parte» frente a reclamos de honorarios.

2.4. Seguridad jurídica y resguardo del interés público

Los centros poseen una organización permanente, soporte logístico, domicilio conocido y un organigrama claro (secretarías generales, cortes de arbitraje y secretarios capacitados), lo que garantiza el debido proceso y da certeza sobre las actuaciones y notificaciones; también, cuentan con registros o listas de árbitros calificados, así como con códigos de ética propios y órganos de sanción preconstituidos (como consejos o cortes de ética), reduciendo drásticamente el riesgo de malas prácticas y corrupción, dotando al sistema de la transparencia exigida por el manejo de fondos públicos (Guzmán-Barrón & Zúñiga, 2015).

Con respecto a la supervisión y administración del proceso por parte del centro, esta evita que los procesos se paralicen por negligencia o desidia de los árbitros, asegurando un impulso procesal adecuado que otorga certeza oportuna y protege de forma eficiente el erario nacional cuando el Estado es parte; situación similar ocurre para la Junta de Prevención y Resolución de Disputas (JPRD), que, bajo los alcances del reglamento de la Ley N° 32069, implica que la JPRD no opere en el vacío, sino bajo una estructura institucional que regula el uso de reglamentos institucionales, gestión de recusaciones, soporte logístico, técnico y secretarial, cuya actividad administrativa se encuentra sujeta a la supervisión del OECE, conforme al marco normativo aplicable.

2.5. Competencia, igualdad de oportunidades y prevención de restricciones injustificadas de acceso al REGAJU

El proyecto de Directiva contempla disposiciones adicionales a los requisitos establecidos en la Ley N° 32069 y su reglamento para la incorporación y permanencia de las instituciones arbitrales o centros de administración de JPRD en el REGAJU, que podrían, eventualmente, generar restricciones, tanto para el acceso y permanencia en el referido registro. En particular, los numerales 9.2.1.1 al 9.2.1.7, referidos a la acreditación de la experiencia, establecen criterios que permiten computar un único procedimiento de larga duración, sin considerar necesariamente el volumen o la continuidad de los casos administrados. Asimismo, las exigencias relativas a infraestructura, personal, herramientas de gestión y plataformas tecnológicas (9.2.2 a 9.2.6) podrían incrementar los costos de ingreso, especialmente para instituciones recién constituidas.

En ese sentido, resulta necesario evaluar que las exigencias establecidas sean razonables, proporcionales y acordes con el marco normativo vigente, evitando imponer cargas administrativas, económicas u operativas que restrinjan injustificadamente la participación de nuevas instituciones o limiten la competencia en el servicio de administración de mecanismos de solución de controversias.

3. Razonabilidad y proporcionalidad en el Reglamento de la Ley N° 32069

3.1. Razonabilidad

Los requisitos para la incorporación y permanencia de las Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de JPRD en el REGAJU, así como el retiro y suspensión, están señalados desde el art. 382 al 388 del Reglamento, y son acreditar años de experiencia institucional, tener una infraestructura física mínima, contar con personal que brinde soporte administrativo y con sistemas y/o plataformas digitales que permitan verificar la trazabilidad de la documentación, que en general responden a una lógica de orden público y protección del erario estatal.

Para diferenciar la razonabilidad de aquellas exigencias reguladas en el reglamento vigente de las contrataciones públicas, se debe tener conocimiento de cómo funcionaban los centros de arbitraje anteriormente, en tal sentido, según Velásquez (2025) señala que estas entidades pasaron de ser facilitadores voluntarios, cuya intervención dependía estrictamente del acuerdo de las partes bajo la Ley N.° 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, a convertirse en actores protagónicos y obligatorios por mandato legal en el ámbito de la contratación pública; a su vez, advierte que, a pesar de los cambios normativos y de la creación de registros previos como el RENACE, la proliferación desregulada de centros sin idoneidad comprobada generó graves distorsiones en el sistema (tales como competencias indebidas y servicios deficientes).

Siendo ello así, en el 2016 (bajo la Ley N.°30225), el OECE intentó implementar un sistema de acreditación con visitas de campo e indicadores de calidad, pero fracasó por falta de presupuesto del Ejecutivo; en una búsqueda de remediar dicha situación, se crea el REGAJU. Sin embargo, se advierte con preocupación que este registro ha quedado reducido a una evaluación meramente documental (check list) y de declaraciones juradas, sin una verificación in situ rigurosa ni un verdadero proceso de acreditación respaldado por el Sistema Nacional de Calidad (INACAL), lo que deja al sistema expuesto a los mismos vacíos del pasado.

Por tanto, si bien resultan razonables las exigencias actuales para las instituciones arbitrales y centros de administración de JPRD, tal parece que el control se limita a una revisión meramente documental a través de una plataforma digital, duplicando el trámite, pues varios de los requisitos solicitados son regulados por otras entidades de control.

Aunado a ello, y sin perjuicio de lo anterior, el Instituto advierte que para la imposición de sanciones administrativas y el control del sistema sean legítimos, es indispensable que la evaluación no se reduzca a un simple check list, sino que incluya la comprobación de funcionalidad de los sistemas o plataformas que se exige y verdaderas visitas in situ que permitan verificar el funcionamiento interno y administrativo real de estas instituciones, y que el OECE, en su función de control, no invada competencias de otras entidades públicas.

3.2. Proporcionalidad

Cuando se examina la proporcionalidad en sentido estricto (ponderando los costos y beneficios de la medida), surgen las siguientes cuestiones críticas:

  • Barreras de entrada económicas y de escala (Efecto anticompetitivo): Exigir certificaciones internacionales de peso (como el ISO/IEC 27001 para seguridad de la información, o sistemas de gestión antisoborno para arbitrajes de mayor cuantía) junto con infraestructura física rígida genera un costo de cumplimiento (compliance cost) sumamente elevado.
  • La permanencia y la sobrerregulación de la supervisión: El sistema no solo fiscaliza el ingreso, sino que somete a los centros a una fiscalización continua (supervisión de gabinete, inopinadas, auditorías de sistemas, etc.).

Respecto del primero, su efecto práctico es la eventual expulsión del mercado o impedir el nacimiento de centros regionales, descentralizados o emergentes, concentrando el negocio de la administración de arbitrajes públicos en un oligopolio de grandes cámaras de comercio o instituciones tradicionales de Lima; se sacrifica la descentralización, autonomía e independencia de la justicia arbitral en aras de una estandarización burocrática.

Del segundo, si bien el control es necesario, el margen de discrecionalidad del OECE para suspender o retirar centros ante incumplimientos procedimentales formales puede volverse un mecanismo de presión asfixiante, afectando la autonomía institucional que caracteriza a los arbitrajes.

3.3. Idoneidad institucional y proporcionalidad

El proyecto de Directiva de Registro de Instituciones Arbitrales y Centros de Administración establece condiciones orientadas a garantizar que las instituciones para estar inscritas y permanecer en el REGAJU cuenten con la experiencia, capacidad operativa y herramientas necesarias para administrar adecuadamente los mecanismos de solución de controversias. No obstante, resulta importante que dichas exigencias guarden una relación razonable y proporcional con la finalidad que persigue, evitando imponer requisitos excesivos o cargas innecesarias que puedan dificultar el acceso y permanencia de las instituciones en el registro. En ese sentido, corresponde evaluar que los criterios establecidos permitan acreditar efectivamente la idoneidad institucional, en concordancia con el marco normativo vigente.

4. Observaciones y propuestas de modificación, incorporación y precisión del proyecto de directiva del REGAJU

Uno de los aspectos que consideramos merece atención en el proyecto de directiva es la forma en que se verifica el cumplimiento de los requisitos de incorporación y permanencia de las Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de JPRD en el REGAJU. En nuestra opinión, esta revisión debe permitir comprobar que la información presentada acredita las condiciones exigidas, respetando los medios previstos para cada requisito.

4.1. Alcance de la verificación de requisitos y supervisión de la implementación efectiva de las condiciones de inscripción y permanencia

Las reglas sobre la acreditación de experiencia se regulan en el numeral 9.2.1. del Proyecto de Directiva del REGAJU (en adelante el Proyecto). En esa línea, se realizará un análisis de lo regulado a fin de evidenciar aspectos de mejora y establecer alternativas para una debida acreditación de las instituciones en la organización y administración de arbitraje y JPRD.

La exigencia de experiencia en la organización y administración de mecanismos de solución de controversias representa un parámetro base que permite respaldar los servicios que las instituciones brindan a fin de solucionar un conflicto. Así, el numeral 9.2.1.1. establece que, “para incorporarse al REGAJU en los procedimientos previstos en los literales a) y b) del numeral 9.2 de la Directiva, se requiere contar con experiencia acreditada fehacientemente no menor de cinco (5) años en la organización y administración de procesos arbitrales o JPRD, según corresponda”.

A primera vista, para la acreditación de una institución que gestiona arbitrajes y otra que gestiona JPRD se deberá acreditar al menos cinco (5) años de experiencia individualizada y específica para acceder al REGAJU. Sin embargo, el uso de la conjunción "o”, en el caso de los centros mixtos genera ambigüedad. Esto podría permitir que una institución o centro pretenda validar la experiencia de un solo mecanismo para acreditarse en ambos.

Ante lo expuesto, consideramos que una acertada interpretación radica en que las entidades mixtas que pretendan ejercer las dos modalidades deberán acreditar de manera excluyente para cada uno los años de experiencia requeridos, por lo que, resultaría conveniente precisar dicho extremo y añadir de manera expresa que la experiencia exigida es específica al mecanismo que se solicita administrar.

4.2. Sobre las condiciones mínimas de infraestructura, funcionamiento y atención al usuario

Con respecto a las exigencias mínimas de metrajes establecidos en la versión anterior del reglamento, es menester traer a colación, que dichos requerimientos no recogían adecuadamente las posibilidades que ofrecen las audiencias virtuales y la gestión electrónica de expedientes, que permiten desarrollar diversas actuaciones sin la presencia física de los participantes; como explican Herrada & Gonzales (2020), la pandemia aceleró la incorporación de estas herramientas en la práctica arbitral peruana (pp. 414-415).

En ese sentido, consideramos favorable que el proyecto final retire estas condiciones y permita adecuar la infraestructura a las necesidades de cada institución; dicho cambio acompaña la evolución de la práctica arbitral y reduce cargas cuya utilidad no había sido acreditada pues como señalan Moreno & Gallo (2019), la calidad regulatoria requiere examinar los objetivos de una medida, sus efectos y las alternativas disponibles para alcanzarlos (pp. 259-260).

4.3. Sobre la regulación y transparencia de metodologías de cálculo y límites de los gastos arbitrales y de administración de JPRD

El proyecto de directiva no contempla disposiciones específicas sobre la verificación de las metodologías utilizadas por las Instituciones Arbitrales o Centros de Administración de JPRD para determinar los gastos arbitrales y gastos administrativos de JPRD, respectivamente. Sobre ello, el Reglamento solo señala que al momento de que el representante legal presente el formulario de inscripción, consigne el enlace del portal institucional donde obre las tabla de determinación de gastos arbitrales o de gastos de las JPRD y de los servicios que ofrece, la cual debe tener un diseño responsivo para su fácil ubicación junto con la fórmula aplicable para su determinación, calculadora de gastos u otro mecanismo para la obtención de la tarifa aplicable.

Sin embargo, no solo se debería de verificar que exista dicha tabla, sino verificar el cumplimiento efectivo de este requisito, es decir, que la información publicada permita determinar la tarifa aplicable ante una controversia con cuantía determinada o indeterminada, ya que la falta de una metodología previamente definida puede dejar un margen considerable de discrecionalidad a la institución y dificultar que las partes conozcan, desde el inicio, los costos que deberán asumir. Máxime si tenemos en cuenta que cuando una entidad pública participa, los gastos y honorarios arbitrales pueden repercutir en los recursos públicos.

En atención a lo expuesto, proponemos lo siguiente para su inclusión en el proyecto sometido a consulta:

  • Establecer que la comprobación de la tabla de gastos administrativos comprenda no solo la existencia del enlace declarado por la institución, sino también la accesibilidad de la información, la publicación de la fórmula aplicable y la funcionalidad de la calculadora u otro mecanismo de determinación de la tarifa, ya sea en controversias de cuantía determinada como indeterminada.
  • Establecer criterios de publicidad y trazabilidad de los cambios tarifarios y de las reliquidaciones de gastos administrativos, con identificación de los factores y reglas que sustentan su aplicación.
  • Incorporar criterios de verificación que permitan comprobar que las tarifas efectivamente exigidas se correspondan con las publicadas y con la metodología declarada por la institución, de acuerdo con las competencias del OECE.
  • Analizar la viabilidad jurídica de establecer parámetros de referencia o límites máximos para determinados gastos administrativos en arbitrajes derivados de contratos públicos, verificando previamente la habilitación normativa correspondiente y, de ser necesario, promoviendo su regulación mediante una norma de rango adecuado.

5. Delimitación de competencias y funciones de los órganos institucionales y del personal administrativo

El Reglamento de la Ley N.° 32069 exige un reglamento interno y un Código de Ética conformes a los lineamientos de la OCDE y publicados en la web (art. 318, numeral 1, literal b)); un órgano institucional superior, de conformación pública, que resuelve en última instancia los temas administrativos, las recusaciones y las sanciones a árbitros y adjudicadores, cuyos miembros no pueden arbitrar mientras ejercen el cargo (art. 318, numeral 1, literal h)); y personal de soporte “conforme a la Directiva” (art. 318, numeral 1, literal k)). Sin embargo, el proyecto de Directiva ni el proyecto de Lineamientos (también sometido a consulta pública) desarrollan estos mandatos de forma completa.

Otro punto importante que resaltar es que el proyecto de Directiva no menciona el reglamento interno de las IA y CAJPRD, ni remite a los lineamientos, y su cláusula de responsabilidades es genérica, conforme se advierte en el numeral VII del Proyecto.

5.1. Respecto de las obligaciones y consecuencias no expresadas

Ahora bien, se establece que el reglamento interno debe ser coherente con la Ley, el Reglamento y los lineamientos, con el Código de Ética, el tarifario y el procedimiento de nóminas. Tanto el Proyecto de Directiva como el de Lineamientos se limitan a disponer su aplicación inmediata a los procedimientos en trámite, y el Proyecto de Lineamientos solo alcanza a quienes “soliciten su inscripción”. Así, las IA y los CAJPRD ya inscritos no tendrían obligación ni plazo para adecuar sus reglamentos. Siendo este el panorama en que existen dos proyectos que convergen en ciertos puntos, lo óptimo sería aprobar ambos instrumentos en la misma fecha, extender el Proyecto de Lineamientos a los inscritos con un plazo de adecuación común.

Con respecto a la publicidad del reglamento, esta es obligatoria y su omisión es sancionable; sin embargo, ningún proyecto la desarrolla. Precisamente, la Directiva no exige el enlace al reglamento en el formulario de incorporación, suprime la exigencia de mantener la información “actualizada, accesible” de la Directiva vigente y no aclara si la “modificación de instrumentos normativos” que debe comunicarse incluye al reglamento interno. Esta falta de precisión le resta eficacia a la finalidad de publicar herramientas de gestión como el reglamento interno, el cual debe propiciar que entidades y contratistas, que eligen entre las instituciones propuestas en las bases, conozcan las reglas antes de someterse a ellas.

En cuanto a la delimitación de funciones y responsabilidad, es claro que, frente al OECE, responde la persona jurídica, y el representante legal que suscribe la declaración jurada de cumplimiento. El proyecto de lineamiento distingue órganos, pero no fija quién está a cargo de la publicación del reglamento interno, lo que termina siendo incompatible con lo dispuesto en el artículo 318, numeral 1, literal h) del Reglamento y suprime reglas del Lineamiento vigente: que los secretarios brindan soporte sin decidir y que el secretario general no puede actuar como secretario.

Desde nuestra perspectiva, el reglamento interno debe identificar el órgano que ejerce las funciones del literal h) del numeral 1 del art. 318 del Reglamento y la incompatibilidad de sus miembros; (ii) las funciones de los demás órganos y del personal de soporte administrativo, distinguiendo los actos de trámite de las decisiones; (iii) el deber de confidencialidad del personal; y (iv) el órgano responsable de publicar y mantener actualizada la información institucional. El incumplimiento de la publicación debe ser comunicada al órgano competente para el ejercicio de las facultades previstas en los literales l) y m) del numeral 3 del art. 11 de la Ley.

Como punto de referencia, es ilustrativo el escenario colombiano en donde el reglamento de cada centro incluye listas, tarifas e información al público (art. 51 de la Ley 1563 de 2012), y el Ministerio de Justicia y del Derecho verifica su cumplimiento con requerimientos de información y visitas y sanciones graduales, de acuerdo con los arts. 2.2.4.2.9.1 y 2.2.4.2.9.6, respectivamente, del Decreto 1069 de 2015.

5.2. La subsecuente responsabilidad de los OI y la necesidad de regulación de responsabilidad expresa

Ahora bien, respecto de la Directiva Nro. 004-2025-OECE-CD, que contiene el uso de la IA, el Instituto advierte que, si bien en el artículo 8.2.3.2. refiere a la declaración «personal de soporte administrativo» mediante acreditación contractual, en la búsqueda de crear cargos de secretario arbitral y secretario técnico, con la prohibición de poder ejercer cargos públicos; la misma no comprende lineamientos claros de responsabilidad; a la vez, lo que respecta a la licencia de la IA que en un primer momento admite el manejo por parte de una persona jurídica, para luego pasar a una prohibición de operar o estar adscrita dentro de estudios de abogados, consultoras o proveedoras, en lo seguido:

Se encuentra prohibido que una IA o CAJPRD opere, o se encuentre adscrita, dentro de un estudio de abogados, consultoria, empresas proveedoras del Estado o del sector privado, o con fines distintos a la creación y gestión de instituciones arbitrales.

Al respecto, se debe tener en cuenta que estaríamos ante una vía sustentada en el principio de predictibilidad o confianza legítima del numeral 1.15 del artículo IV del TUO de la LPAG, que supone una expresa manera de ejecución, la cual no es perceptible.

Seguidamente, cabe señalar que el pasado 21 de octubre del 2026, se ha tenido a bien, a través de la Resolución de Secretaría de Gobierno y Transformación Digital N° 004-2026-PCM/SGTD, aprobar la Directiva N° 002-2026-PCM/SGTD, «Directiva que establece el perfil y responsabilidades del Oficial de Inteligencia Artificial», la cual en su art. 7 refiere a los Oficiales de Inteligencia Artificial (en adelante, OI), los cuales pueden ser ejercidos por un funcionario, directivo o servidor de la entidad pública; esta observación resulta pertinente en tanto, si se tiene a bien la incorporación de sistemas IA, también se debe precisar el papel de los OI, ante la reciente promulgación de la creación de sus puestos de trabajo, en tanto estas nuevas plazas públicas tienen una gran incertidumbre, en lo seguido:

No puede ser objeto de remoción, sanción ni de medidas desfavorables motivadas por el sentido de sus opiniones, recomendaciones o por las alertas emitidas en sus informes técnicos sobre el uso indebido o de alto riesgo de SBIA, o materias afines a su competencia; sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil o penal que corresponda por la comisión de faltas previstas en la legislación del empleo público y el Código de Ética de la Función Pública. (pp. 8-9).

En tal sentido, las personas que se fueran a incorporar no incurrirán en responsabilidad per se; las actuaciones recaería simplemente en una confianza del usuario con la entidad, en que sus OI tengan los criterios idóneos para poder recomendar y asegurar la recolección de datos y protección de estos que se asisten de estos agentes disruptivos. Siendo esto peligroso, si se intenta velar por una mayor seguridad e independencia, que recaería en la organización arbitral a falta de responsabilidad del administrativo.

Sobre la claridad, coherencia y publicidad de los reglamentos internos, la primera observación es la dispersión normativa; respecto de la publicidad, la Directiva exige publicar las herramientas de calidad, la información del portal y los manuales de las plataformas; no obstante, no existe una obligación expresa de publicar el reglamento interno.

Asimismo, en el Lineamiento 9.1, el Órgano Directivo, que es la máxima «autoridad», su designación se atribuye a «la gerencia general o la máxima autoridad», donde cabe advertir que la gerencia general no es uno de los tres órganos definidos; a la par, la Directiva habla de «administración y/o gerencia general» y de «secretario general», mientras que el Lineamiento habla de Órgano Directivo, Decisorio y de Gestión, y las áreas mínimas de la Directiva no se corresponden con esos órganos.

Por último, la disposición final 9.1 habla del “inicio del procedimiento de exclusión automática”; un procedimiento no puede ser automático, en tanto el Estado reviste de derechos de apelación, constitucionalmente hablando, a fin de evitar arbitrariedades, lo que deja dudas sobre las garantías del debido procedimiento. Como bien señala Dolorier (2026): «Resulta kafkiano pensar que una institución arbitral deba movilizar toda su logística o remodelar su planta física —quizás solo por la falta de coincidencia en el metraje de un servicio higiénico— en un tiempo tan exiguo».

Bajo esa lógica, se recomienda que la Directiva remita expresamente al Lineamiento o incorpore la definición de “órganos institucionales”, que se definan «Directiva de supervisión» e «Institución Supervisada», y que se corrija la designación del Lineamiento 9.1., al ser una vulneración a la inversión privada y la estabilidad laboral del personal administrativo, y al derecho de apelación. También se debe precisar el alcance de la “gestión directa” del secretario general, que el secretario arbitral prepare borradores solo “por encargo del tribunal” y que este los revise y decida, que se acote el 8.2.2.6 y que se añade la publicación obligatoria del reglamento interno.

6. Estándares de funcionalidad, integridad y trazabilidad de las herramientas informáticas

6.1. Marco normativo y alcance de la exigencia de trazabilidad

El Reglamento de la Ley Nro. 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, establece como requisito de incorporación al REGAJU que las instituciones arbitrales cuenten con herramientas informáticas que permitan la trazabilidad de la documentación que conforma el expediente arbitral, debiéndose verificar las fechas ciertas de ingreso y salida de documentos (art. 318.2, literal c). Para los centros de administración de JPRD, la exigencia recae sobre el expediente que se genere para emitir decisiones vinculantes (art. 318.3, literal c). Ambas reglas se remiten expresamente a la directiva que apruebe el OECE y se reiteran en los arts. 382, 383, 384 y 385, que exigen indicar en el formulario el enlace a través del cual se accede a dichas herramientas. A ello se suma el art. 321.1, que obliga a las instituciones inscritas a mantener y actualizar los requisitos de su incorporación conforme a lo que el OECE disponga mediante directiva.

De este marco se desprende que el contenido técnico mínimo de la trazabilidad está delegado a la Directiva. Definirlo no supone crear un requisito nuevo, sino ejercer una remisión reglamentaria expresa. Lo que debe cuidarse es que el estándar no exceda el requisito sustantivo ni cree cargas sin habilitación normativa, que podrían ser cuestionadas como barreras burocráticas.

El proyecto de Directiva sometido a consulta desarrolla este requisito en los numerales 9.2.6.1 y 9.2.6.2. Se limita a exigir el enlace al portal institucional donde se accede a la herramienta, el contrato, certificado u otro documento que autoriza su uso, y la publicación de un instructivo o manual con un apartado que muestre la trazabilidad. Además, el numeral 9.2.8.2 exige mantener los enlaces operativos las 24 horas, los siete días de la semana, y el numeral 9.2.9 impone comunicar al OECE, en treinta días hábiles, el cambio de herramientas informáticas.

6.2. Verificación de la funcionalidad efectiva de los sistemas de gestión arbitral y de JPRD

La obligación reglamentaria es de resultado: que la herramienta permita la trazabilidad y que las fechas de ingreso y salida de documentos sean ciertas. El proyecto, en cambio, se traduce en una acreditación de medios documentales. Un contrato de licencia, un certificado de uso o un manual publicado demuestran que la herramienta existe y se utiliza, pero no que registre fechas ciertas, impida alteraciones o conserve la información. Esto reproduce la debilidad que advierte Velásquez (2025) respecto del REGAJU: una evaluación reducida a listas de verificación y declaraciones juradas, que puede cumplirse en el papel sin reflejar la realidad del servicio.

Por ello, la verificación no debería agotarse en comprobar la existencia formal del enlace o del manual. Dentro de las competencias del OECE, debe comprender la comprobación de que el sistema garantiza ciertas propiedades mínimas, definidas como resultados y no como productos específicos, conforme al criterio de equivalencia funcional de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico. Estas propiedades serían:

  • El registro automático, con sello de tiempo verificable, de la fecha y hora de ingreso y de salida o notificación de cada documento.
  • La cronología íntegra y consultable de las actuaciones del expediente.
  • El acceso diferenciado según el perfil de cada usuario (partes, árbitros o adjudicadores y personal administrativo).
  • La posibilidad de reconstruir y exportar el expediente completo.

Este enfoque es tecnológicamente neutral; no exige un producto, una infraestructura física ni una certificación determinada, de modo que evita cargas desproporcionadas, como reservar un espacio físico para servidores cuando la información puede alojarse en servicios en la nube.

En cuanto a la forma de verificación, se propone un esquema escalonado y proporcional:

  1. Una declaración jurada acompañada de una ficha técnica que describa cómo la herramienta cumple cada propiedad, lo que respeta la presunción de veracidad que rige el procedimiento de incorporación.
  2. Una verificación funcional en la fiscalización posterior, mediante visitas o demostraciones sobre un expediente de prueba, sin acceso a expedientes reales, para resguardar la confidencialidad del arbitraje y los datos personales. Esta es la actuación que permite cerrar la brecha entre el cumplimiento formal y el funcionamiento real del servicio.
  3. Una presunción de cumplimiento, de carácter voluntario, para quienes cuenten con certificación ISO/IEC 27001 o con un informe de auditor independiente cuyo alcance incluya la plataforma. Así se aprovechan los estándares internacionales sin convertirlos en una exigencia obligatoria en el procedimiento básico, lo que excedería la habilitación reglamentaria. En los procedimientos de mayor cuantía, donde los artículos 383 y 385 ya exigen declarar certificación internacional, esta presunción podría tener un peso mayor.

Esta verificación recae exclusivamente sobre la plataforma de gestión administrativa del expediente, no alcanza el contenido de las actuaciones ni el criterio con el que los árbitros conducen y resuelven la controversia, ámbito que permanece fuera de la competencia del OECE por la naturaleza jurisdiccional del arbitraje.

6.3. Registro de eventos, conservación documental y prevención de alteraciones, eliminaciones o pérdidas de información

La trazabilidad no es solo un requisito de acceso al registro, sino una garantía del debido proceso arbitral; un sistema que pierde un escrito o altera la fecha de una notificación puede afectar el derecho de defensa de las partes y comprometer la validez de lo actuado.

Siendo esto así, con respecto del registro de eventos, el sistema debería dejar constancia de quién realizó cada acción, cuándo y sobre qué documento, incluyendo autenticaciones, cargas, descargas, notificaciones, modificaciones y eliminaciones, y proteger esos registros frente a manipulaciones, con sincronización horaria confiable, sin la cual la fecha cierta pierde valor probatorio.

Respecto de la integridad, el sistema debe impedir la eliminación física de documentos durante el plazo de conservación, admitiendo únicamente bajas lógicas registradas, y permitir detectar cualquier modificación posterior. Asimismo, debe separar las funciones de administración técnica de las de gestión procesal, de modo que el personal informático no pueda alterar contenido sin dejar rastro. La CNUDMI condiciona la equivalencia del original electrónico a que se asegure la integridad de la información desde su generación.

Respecto de la conservación y el respaldo, se propone exigir una política de conservación publicada, con un plazo vinculado a la prescripción de las acciones derivadas del proceso y a la normativa aplicable, que deberá precisarse en concordancia con el Reglamento. Un respaldo con periodicidad fija y prolongada, por ejemplo, mensual, resulta técnicamente débil, pues admite una pérdida potencial de hasta treinta días de actuación. Siendo a mejor parecer, que cada institución defina y documente, según su riesgo, objetivos de punto y de tiempo de recuperación, con copias en ubicación separada y pruebas periódicas de restauración.

Finalmente, la exigencia de enlaces operativos las 24 horas, los siete días de la semana (numeral 9.2.8.2), resulta inviable en términos absolutos, pues cualquier mantenimiento programado la incumpliría; siendo que, debería formularse como un nivel de disponibilidad razonable, con ventanas de mantenimiento anunciadas y aviso público de las interrupciones, manteniendo el deber de informar la fecha de restablecimiento que ya prevé el proyecto.

6.4. Gestión de incidentes y medidas correctivas frente a fallas de los sistemas

Seguidamente, se advierte que el proyecto no regula la gestión de incidentes tecnológicos, siendo menester incorporar un deber de reporte al OECE limitado a los incidentes significativos, es decir, aquellos que afecten la integridad, la confidencialidad o la disponibilidad prolongada de los expedientes, mediante un aviso inicial en plazo breve y un informe posterior sobre sus causas y las medidas adoptadas.

Ahora bien, exigir el reporte de cualquier falla, por menor que sea, sería desproporcionado, por lo cual, este deber debe coordinarse con las obligaciones que ya existan en materia de protección de datos personales y confianza digital, para evitar duplicidades.

Siendo esto así, para las partes, el aspecto de mayor relevancia es la continuidad procesal, si una falla impide presentar escritos o recibir notificaciones, la institución debería contar con un canal alterno de contingencia, como una mesa de partes física o un correo designado, y comunicar el hecho al tribunal arbitral o a la JPRD, de modo que la falla tecnológica no perjudique los plazos de las partes.

En cuanto a las consecuencias del incumplimiento, estas deben ser correctivas y graduales, y no sancionatorias automáticas; la tipificación de infracciones y sanciones requiere norma con rango de ley y un procedimiento que garantice el derecho de defensa, por lo que una directiva no puede crear causales de exclusión del registro.

Se propone la siguiente secuencia: requerimiento de subsanación con plazo razonable, plan de acción correctivo con seguimiento y, solo ante incumplimiento persistente, remisión al procedimiento legalmente previsto; esta secuencia debe articularse con los mecanismos del proyecto de Directiva de Supervisión.

6.5. Régimen transitorio y adecuación de las instituciones previamente inscritas

El proyecto dispone su aplicación inmediata a todos los procedimientos en trámite (numeral 9.7). Debe distinguirse esa situación de la de las instituciones ya inscritas, que podrían tener que modificar sus herramientas para ajustarse a un estándar funcional más preciso. En este último caso, corresponde prever un plazo razonable de adecuación, proporcional a la complejidad de las exigencias tecnológicas, y evitar plazos breves y únicos acompañados de consecuencias automáticas.

Asimismo, debería precisarse si la adecuación será objeto de verificación documental, de fiscalización posterior o de ambas, y las consecuencias de un eventual incumplimiento, conforme a las competencias legalmente atribuidas al OECE. Esta regulación debe ser concordante con la del proyecto de Directiva de Supervisión, de modo que las instituciones conozcan tanto las obligaciones que deben adecuar como el momento y la forma en que se verificará su cumplimiento.

6.6. Propuestas de mejora normativa

En atención a lo expuesto, se propone:

  1. Establecer que la comprobación del requisito de trazabilidad comprenda no sólo la existencia del enlace y del manual, sino también la funcionalidad efectiva de la herramienta respecto de las propiedades mínimas descritas, definidas como resultados y no como productos.
  2. Adoptar un esquema de acreditación escalonado: declaración jurada con ficha técnica, verificación funcional en la fiscalización posterior sobre un expediente de prueba, y presunción de cumplimiento voluntaria para quienes cuenten con certificación o auditoría independiente.
  3. Incorporar estándares de registro de eventos protegidos, imposibilidad de eliminación física durante el plazo de conservación y detección de modificaciones, así como una política de conservación y objetivos de recuperación definidos y probados.
  4. Reformular la exigencia de disponibilidad 24/7 como un nivel razonable con ventanas de mantenimiento anunciadas y aviso público de interrupciones.
  5. Regular el reporte de incidentes significativos y un canal de contingencia que proteja los plazos de las partes, coordinado con la normativa de protección de datos y confianza digital.
  6. Establecer consecuencias correctivas y graduales (subsanación, plan de acción y seguimiento), sin crear causales de exclusión automática.
  7. Prever un régimen transitorio diferenciado para las instituciones ya inscritas, con plazo razonable de adecuación, concordante con la Directiva de Supervisión.

Como texto para el numeral 9.2.6, se sugiere:

9.2.6.1. Las IA y CAJPRD declaran contar con herramientas informáticas que garanticen, como mínimo: a) el registro automático, con sello de tiempo verificable, de la fecha y hora de ingreso y de salida o notificación de documentos; b) la cronología íntegra del expediente; c) un registro de eventos protegido contra alteración; d) el control de acceso por perfiles; e) la imposibilidad de eliminar físicamente documentos durante el plazo de conservación; y f) copias de respaldo con objetivos de recuperación definidos y probados.

9.2.6.2. La conformidad se acredita mediante declaración jurada y ficha técnica, y se presume cumplida con certificación vigente o informe independiente cuyo alcance incluya la plataforma.

9.2.6.3. La verificación se realiza en la fiscalización posterior, sobre un expediente de prueba y sin acceso a expedientes reales.

9.2.6.4. Las instituciones comunican los incidentes significativos y mantienen un canal de contingencia que proteja los plazos de las partes.

9.2.6.5. El incumplimiento da lugar a un requerimiento de subsanación y a un plan correctivo, sin perjuicio del procedimiento legalmente establecido.

El detalle técnico, como los casos de prueba y los modelos de ficha, se recogería en una guía de verificación funcional publicada como documento de orientación en la sede digital del OECE, conforme al numeral 8.2 de las disposiciones generales, de manera tal, que los aspectos operativos pueden actualizarse sin modificar la Directiva ni crear requisitos fuera del TUPA.

Conclusiones y recomendaciones

Conforme a lo expuesto, como instituto consideramos que resulta necesario que los procedimientos de inscripción y permanencia a cargo del OECE no se circunscriban a una verificación formal o documental de los requisitos establecidos en la Ley y su reglamento, sino que también comprendan una evaluación integral y una comprobación efectiva de su cumplimiento, a fin de fortalecer la organización, funcionamiento, transparencia y supervisión de las Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas en el marco de la solución de controversias.

Por lo que, nos permitimos, de forma respetuosa, recomendar que: a) se consideren los fundamentos señalados en esta opinión, y b) se reformulen las disposiciones mencionadas, a fin de que se evite una regulación desproporcionada, que afecte, de forma indirecta, el acuerdo de las partes que celebran el convenio arbitral, y la autonomía e independencia del sistema arbitral.

Suscriben

  • Alejandra Castillo, Presidenta IIDCA, Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
  • Kiara Valdivia, Coordinadora Académica, Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
  • Henry Jiménez, Director Académico, Universidad de Cuenca.
  • Rommel Rivera, Director Académico, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.
  • Jazmín Ramírez, Miembro Asociado, Pontificia Universidad Católica del Perú.
  • Andrea Cencia, Miembro Asociado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
  • Karla Trinidad, Miembro Asociado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
  • Stephany De Velasco, Miembro Asociado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
  • Elizabeth Delgado, Miembro Asociado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
  • Maydy Bazan, Miembro Asociado, Universidad César Vallejo.
  • Erik Jiménez, Miembro Asociado, Universidad Tecnológica del Perú.

Referencias

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